El catálogo mundial de torturas incluye la "falanga" o "falaka" entre sus ofertas. Se trata de un doloroso castigo que consiste, básicamente, en golpes en la planta de los pies. Según consta en el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) divulgado este martes, dicho método se aplica a día de hoy en cárceles españolas.

"Las conclusiones de la visita del CPT en 2020 demuestran que sigue existiendo un patrón de malos tratos físicos infligidos por los funcionarios de prisiones como reacción desproporcionada y punitiva al comportamiento recalcitrante de los presos", señala el documento, en el que se advierte que "el carácter generalizado de las denuncias de malos tratos en las prisiones visitadas es motivo de grave preocupación para el Comité".

"Dichos malos tratos incluyen varias denuncias de falaka (bastinado), un método de tortura muy conocido. Las denuncias no pueden descartarse como reclamaciones vejatorias de los presos o como resultado de las acciones de uno o dos funcionarios sin escrúpulos, sino que representan una cultura más profunda de abuso de poder e impunidad entre ciertos funcionarios de prisiones que trabajan en estas cárceles",  alerta el informe del CPT, que incluye datos sobre la visita cursada en septiembre de 2020 a varias prisiones.

Los autores del documento lamentan que Instituciones Penitenciarias, "tras constatar que las denuncias por malos tratos han ido disminuyendo progresivamente", afirmase en una instrucción que "dichas denuncias son residuales, menos frecuentes y normalmente archivadas como infundadas". A juicio del Comité, "esta desafortunada redacción resta importancia a la necesidad de garantizar la existencia de un sistema de denuncias eficaz para investigar los presuntos actos de malos tratos y socava las buenas intenciones que promueve la Instrucción".

En ese contexto, el informe recoge que "en el Centro Penitenciario Castellón II (Albocasser), un tercio de los más de 75 presos entrevistados por la delegación del CPT alegaron haber sido maltratados, principalmente con bofetadas pero también con puñetazos, patadas y golpes de porra".

En ese mismo centro, un preso declaró que el 14 de agosto de 2020 "tuvo una discusión en el rellano de su celda con un funcionario de Prisiones que supuestamente le agarró del brazo y le llevó escaleras abajo hasta la entrada del modulo 11". Ahí empezó todo.

"Lo llevaron a la oficina que está junto a la cafetería (normalmente utilizada para las reuniones con los educadores), y le esposaron las manos a la espalda". Posteriormente, llegaron varios funcionarios de prisiones más y supuestamente lo sujetaron sobre el escritorio y le propinaron varias patadas y puñetazos en diversas partes del cuerpo y lo sometieron a múltiples golpes de porra en las plantas de los pies", relata el documento.

En el Centro Penitenciario Madrid VII (Estremera), la delegación recibió "varias denuncias de malos tratos físicos, incluso a mujeres presas". Los testimonios de agresiones en esa prisión están acompañados por algunas imágenes de las lesiones provocadas por los funcionarios. 

En el caso del Centro Penitenciario de Sevilla II, el CPT volvió a recibir "numerosas denuncias creíbles de malos tratos físicos". "Las denuncias se vieron respaldadas en varios casos por el registro de lesiones por parte de los médicos de la prisión, que coincidían con las declaraciones del preso", destaca.

De acuerdo a este informe, allí se detectó que "el cable coaxial que conectaba la única cámara de videovigilancia con visión directa de la puerta de esa sala de cacheos", un lugar donde según las denuncias de los presos hubo malos tratos, "había sido arrancado bruscamente de su enchufe en el servidor de videovigilancia, con lo que no se pudieron grabar imágenes de las idas y venidas a esa sala del personal del modulo de régimen cerrado".

Rendir cuentas

El CPT también muestra su preocupación ante la impunidad que rodea estos casos. "Lo que resulta especialmente preocupante es la aparente ineficacia de las salvaguardias establecidas para garantizar que, cuando se producen incidentes de malos tratos y uso excesivo de la fuerza, el personal penitenciario responsable rinda cuentas", subraya.

Entre otros puntos, remarca que "se descubrió que los sistemas de videovigilancia presentan deficiencias criticas, no se puede confiar en la documentación elaborada por el personal penitenciario tras un incidente de uso de la fuerza y los médicos de la prisión no desempeñan sus funciones de forma independiente cuando se trata de registrar y notificar las lesiones"

En tal sentido, el informe advierte que "esta situación se ve agravada por el hecho de que las denuncias presentadas ante el juez de vigilancia o ante el Juzgado de Guardia sólo se investigan a partir del examen de la documentación disponible. No se entrevista a la victima ni a los posibles testigos".

En una respuesta enviada a finales de 2020 al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Ministerio del Interior destacaba precisamente que "en los últimos tres años, el 93% de los procedimientos abiertos han sido archivados".